Manifiesto de apoyo a la manifestación del 15 de octubre en defensa de las pensiones
La crisis de encarecimiento de vida que estamos viviendo corta como unas tijeras la capacidad de los hogares de tener una vida digna: por un lado, nos recortan los salarios y las pensiones; por la otra, suben los precios de los productos básicos como la energía, los alimentos, y, sobre todo, el precio de la vivienda. La vivienda es el principal gasto de los hogares: hoy en día, de media, cada hogar destina más del 40% de sus ingresos a pagar el coste de tener una casa. A este escenario hay que sumarle una inflación que supera el 10% y que por lo tanto nos hace, a cada una de nosotras, un 10% más pobres. Los datos son todavía más preocupantes para aquellos hogares que viven de alquiler, ya que además de ser los más empobrecidos (los que tienen menos ingresos de media) es donde se producen la mayoría de los desahucios (en torno al 80%). Desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya consideramos que para salir de esta espiral inflacionista y para revertir la situación de asfixia que está sufriendo una inmensa mayoría social necesitamos medidas estructurales que hagan cambiar el rumbo actual. Unas medidas que, además de garantizar unos salarios y pensiones dignas, intervengan inmediatamente el mercado inmobiliario y el mercado energético para ayudar a bajar los precios del alquiler y de los suministros básicos.
Una medida clave para cambiar de rumbo es la regulación de los alquileres. Después de unos años en que el precio del alquiler ha subido cuatro veces más que los salarios, hay que pinchar la burbuja y poner freno al rentismo. Si la situación es preocupante para el inquilino medio, todavía lo es más para la gente mayor que vive de alquiler. Gran parte de las inquilinas de edad avanzada, cuentan con contratos de duración indefinida y con precios regulados (o con incrementos únicamente vinculados al encarecimiento de la vida). Esta parte del mercado de renta antigua, que está desapareciendo poco a poco, ha supuesto un salvavidas para muchas personas mayores, que con sus reducidas pensiones han podido salir adelante. No obstante, las personas mayores que firmaron un contrato después del Decreto Boyer de 1985, que derogaba los contratos indefinidos, se encuentran ante una situación totalmente dramática. Se exponen a un mercado salvaje: una vez acabado el plazo del contrato, pueden ser desahuciadas o sufrir un aumento del precio totalmente inasumible con las pensiones actuales, esta situación se agrava cuando hablamos de las mujeres que, después de haber trabajado toda la vida en el hogar, tienen pensiones irrisorias.
De nada sirve subvencionar determinados bienes y colectivos, si estas subvenciones acaban en los bolsillos de quienes más tienen: los rentistas, las empresas energéticas y la banca. Lo que necesitamos es intervenir el mercado y tener un control de los precios, tanto del alquiler como de otros bienes de primera necesidad, que frene las subidas y nos sirva de herramienta a los sindicatos y organizaciones para negociar bajadas. Los articulistas y tertulianos que representan o reproducen la visión del lobby inmobiliario, confrontando los intereses de las inquilinas con las pensionistas, no solo se equivocan, sino que quieren impedir lo estamos haciendo hoy: que nos unamos por el derecho a una vida digna, contra aquellos que nos la quieren cortar a tijeretazos. Pensionistas e inquilinas somos de la clase trabajadora, y nos unimos ante un capitalismo neoliberal que solo quiere seguir haciendo negocio con nuestros derechos. No queremos las migajas de un estado del bienestar que no ha llegado, queremos conquistar más derechos para nuestra clase. De eso se trata, de quitar privilegios a unos pocos para tener más derechos la mayoría.
Por este motivo, hacemos nuestras las demandas, de mínimos, que se hacen desde el movimiento por unas pensiones públicas dignas:
1) La derogación de las reformas de las pensiones del 2011, 2013 y 2021, así como de la *Ley de *promoción de *los Planes *Privados de *Empleo aprobada este año;
2) La recuperación de la edad de jubilación a los 65 años;
3) Una pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional, ajustando este al 60% del salario medio, como obliga la Carta Social Europea y;
4) La eliminación de la brecha de género en los salarios y las pensiones.
Desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya hacemos un llamamiento a movilizarnos el próximo sábado 15 de octubre a Madrid con el lema “Subamos las pensiones, bajemos los alquileres”.
