Convocan una manifestación, el 15 de abril para exigir a La Caixa que mantenga los criterios de accesibilidad y de protección oficial
Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa la campaña “Destapem La Caixa” (“Destapamos La Caixa”) impulsada por un centenar de inquilinas de 14 promociones de vivienda protegida, propiedad de La Caixa, repartidas por toda Catalunya, y el informe Vivienda de desprotección social , elaborado por el Sindicat de Llogateres.
La campaña surge del descontento de las inquilinas, que denuncian mala gestión, falta de mantenimiento, subidas de precio injustificables, no renovación de contratos y expulsiones. Todos ellos, rasgos comunes en prácticamente todas las 34 promociones de Vivienda de Protección Oficial, construidas entre 2002 y 2012 por la Obra Social La Caixa con más de 25 millones de euros de subvenciones públicas.
Dichas promociones se construyeron en régimen de protección oficial y en dos fases diferentes: la primera, que en la mayoría de los casos dura diez años, durante la cual La Caixa estaba obligada a alquilar los pisos a un precio protegido y la segunda -que es en la que se encuentran ahora la gran mayoría de las promociones- durante la cual La Caixa puede vender o alquilar las viviendas a un precio “estipulado”, pero no está obligada a tenerlos alquilados.
En esta segunda fase, cuando La Caixa ya ha recuperado toda su inversión inicial, es cuando las prácticas especulativas se han vuelto feroces y han comenzado el vaciado de viviendas, las no renovaciones de contratos y las expulsiones. En paralelo, las inquilinas de estas promociones en toda Catalunya han empezado a organizarse con el Sindicat de Llogateres para exigir a La Caixa alquileres estables y dignos.
De la falta de mantenimiento y las subidas injustificadas a las expulsiones
Desde hace años las inquilinas de La Caixa vienen denunciando por activa y por pasiva la falta de mantenimiento de edificios y viviendas. El mal estado de las zonas comunes, las porterías, los jardines, los parkings, la mala instalación de placas solares, los ascensores, luces, interfonos… son los casos más repetidos en todos los casos, y La Caixa no se hace cargo o tarda muchísimo en hacerlo. Las vecinas denuncian que, a pesar de esta dejación de su responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones, La Caixa, en los recibos mensuales, no hace más que aumentar los cobros en concepto precisamente de ese mantenimiento.
Estos problemas llegan también a las viviendas, donde, por ejemplo en el caso de la promoción de Vilaseca, las duchas de buena parte de los pisos son inadecuadas.
Ante estas situaciones, para cubrirse las espaldas, La Caixa introduce en los contratos cláusulas abusivas según las cuales tiene que ser la inquilina la que costee la totalidad del mantenimiento de las viviendas… Cláusulas que contradicen claramente la LAU.
Pero la situación ha ido a peor durante los últimos años. Muchas vecinas han sufrido que cuando se les ha acabado el contrato no se lo han querido renovar y las han echado de casa. A otras sí se lo han renovado, pero con cláusulas abusivas y sin garantía de poder quedarse en sus casas de forma estable. El resto contempla con miedo cómo los edificios en que viven se van quedando vacíos, por ejemplo en Vic o Reus donde hay un montón de pisos vacíos desde hace tiempo. Hay que tener en cuenta que muchas vecinas entraron a vivir en “Viviendas de Protección Oficial” y que buena parte de ellas tienen perfiles de vulnerabilidad: gente mayor, pensionistas o personas sin alternativa habitacional.
15 de abril, manifestación para exigir a La Caixa el cumplimiento de sus demandas
La situación de las inquilinas de gran parte de las promociones es insostenible. Han intentado, por todos los medios y sin ningún éxito, contactar con La Caixa o pedir mediación de sus ayuntamientos para encontrar solución a sus problemas. Ante la dificultad para hablar directamente con los responsables de La Caixa, han empezado a organizarse, entre ellas y con el Sindicat de Llogateres, para exigir una mesa de negociación y que se resuelvan sus demandas.
Por este motivo, las inquilinas han convocado, junto con el Sindicat de Llogateres y otras entidades en pro del derecho a la vivienda, una manifestación en Sitges, el próximo 15 de abril, con el objetivo de que La Caixa abra negociación y dé respuesta a sus demandas:
- Paralización inmediata de todos los procesos judiciales y sentencias de desahucio de viviendas de La Caixa
- Renovación automática de los contratos de alquiler con una duración de siete años (como estipula la LAU), a un precio máximo del 30% de la renta disponible, sin artículos ilegales ni cláusulas abusivas.
- Aplicación de la Ley 1/2022 para los supuestos de exclusión residencial de las inquilinas de La Caixa (aunque no esté obligada a ofrecer alquileres sociales por la exención legal como propietaria de Viviendas de Protección Oficial).
- Oferta a todas las inquilinas expulsadas de pisos de la Obra Social la posibilidad de regresar a sus casas.
- Cesión, en forma de convenios municipales, de los pisos vacíos para paliar el grave problema de acceso a la vivienda que estamos sufriendo en Catalunya.
- Plan de inversiones para un mantenimiento en condiciones dignas de habitabilidad y salubridad de las viviendas y zonas comunes de las promociones de La Caixa.
- Reconocimiento del derecho de asociación y negociación de las inquilinas de La Caixa.
La Caixa: evidencia del fracaso de un modelo de Vivienda de Protección Oficial
En la misma rueda de prensa, el Sindicat de Llogateres ha presentado un informe sobre el modelo de Vivienda Protegida al que se acogió La Caixa para construir estas promociones. Sus conclusiones son demoledoras:
La Caixa recibió ayudas millonarias de diferentes escalas de la Administración para la construcción de un parque de Vivienda de Protección Oficial de Alquiler. Podemos afirmar sin duda, que la inversión inicial propia de La Caixa ya fue amortizada y recuperada en los primeros diez años..
Ahora estas viviendas han entrado en una segunda fase de protección y ya no se aplican los criterios de accesibilidad y protección oficial para las inquilinas. Se están gestionando de forma especulativa, sin garantizar los derechos de quien vive en ellas y sin ninguna justificación económica basada en costes o dificultades de cubrir un esfuerzo inversor.
Queda patente la rentabilidad para La Caixa del negocio de la VPO y el fracaso de un modelo VPO que no garantiza la consolidación de un parque de vivienda de alquiler protegida en condiciones de estabilidad y accesibilidad.
En definitiva, el resultado de todo este proyecto no ha sido otro que aumentar el patrimonio inmobiliario de una entidad bancaria, la cual ha terminado desligándose las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público.
Por un modelo de Vivienda de Protección Oficial de Alquiler, a perpetuidad
En pleno debate sobre la necesidad de ampliar el parque público de vivienda, no nos podemos permitir que se continúen impulsando políticas de vivienda como la que se ha realizado con La Caixa.
Por ello reclamamos al Govern que se lleve a cabo un estudio minucioso de esta y otras operaciones vinculadas con la VPO del país para entender por qué no existe un parque público de alquiler suficiente en Catalunya, y para no repetir modelos fracasados.
Así mismo, el Sindicat de Llogateres reclamamos a las instituciones públicas catalana y española que garanticen la función social de la futura VPO, con las siguientes medidas mínimas:
- Las nuevas promociones de vivienda calificada como de protección oficial se deben destinar a un parque público de vivienda en régimen de alquiler a perpetuidad. El suelo público sobre el que se construyan las promociones debe seguir siendo de propiedad pública municipal, y su cesión debe hacerse en forma de alquiler. Los locales de estas promociones deben ser destinados a suso comunitarios
- Los contratos de los inquilinos deben ser con carácter indefinido y no contener cláusulas abusivas. Las inquilinas de cada promoción deben tener derecho a organizarse en asociaciones de inquilinos, y la propiedad debe comprometerse a reconocer el derecho a la negociación colectiva.
- Es necesario crear un registro único de promociones calificadas como VPO donde se recojan las características de las promociones y de sus viviendas, su propiedad y su gestoría, su ubicación, las subvenciones, préstamos y desgravaciones fiscales de que se han beneficiado, la ganancia prevista a través de las rentas en el tiempo de amortización de la promoción, y toda la documentación exigida por los Planes de Vivienda para calificar una promoción como de protección oficial.