Un centenar de personas ocupan el Palau Macaya para exigir una negociación colectiva en la lucha por la vivienda pública. La Fundación La Caixa, heredera de la Obra Social de La Caixa que construyó con dinero público las viviendas afectadas, se ha comprometido a iniciar negociaciones entre InmoCriteria y el comité de huelguistas.
Esta tarde, un centenar de personas han ocupado el Palau Macaya, sede emblemática de la Fundación “la Caixa”, para exigir una negociación colectiva con las 68 familias en huelga de alquileres desde hace 100 días. Durante la protesta, las manifestantes han desplegado pancartas, han realizado parlamentos reivindicativos y han roto las cartas amenazantes de InmoCriteria que las huelguistas han recibido en las últimas semanas. Además de huelguistas de Sitges y Sentmenat, también han participado vecinas de distintos bloques de La Caixa en L’Hospitalet de Llobregat y en los barrios barceloneses del Poblenou y el Bon Pastor.
En menos de una hora, el director del Palau Macaya, Josep Ollé, se ha puesto en contacto con el Sindicat. El representante de la Fundación “la Caixa” se ha comprometido a facilitar una negociación entre InmoCriteria, actual propietaria de las viviendas, y el comité de huelga. Los términos de la primera reunión se concretarán en los próximos días.
A raíz de este compromiso, se ha desconvocado la protesta. Mientras no avance la negociación colectiva, la huelga continúa. Todas las demandas del Comité de Huelga siguen vigentes: hay que frenar los desalojos y garantizar que las viviendas pasen a ser públicas y protegidas para siempre.
La jornada ha servido para señalar directamente la responsabilidad histórica de la Fundación “la Caixa”, heredera de la Obra Social que construyó estas viviendas con dinero público y que ahora, a través de la inmobiliaria InmoCriteria, pretende echar a las inquilinas y sacar los pisos al mercado libre. Es decir, pretenden eliminar el régimen de protección oficial de todas estas viviendas financiadas con dinero de todas. Tal como ha denunciado una de las huelguistas, Yolanda, vecina de Sitges:
“Son pisos construidos con dinero público y en suelo público. Son dinero de todas para el negocio redondo de La Caixa. No nos van a echar, vamos a luchar hasta el final.”
Desde el mes de abril, las familias han dejado de pagar el alquiler a La Caixa y han retenido más de 120.000 € en una cuenta común. La Caixa, en lugar de sentarse a negociar, ha respondido rechazando la propuesta de mediación de la Generalitat y ejerciendo acoso y amenazas contra las huelguistas.
La Fundación “la Caixa” no puede mirar hacia otro lado
Tal como ha expresado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres: “Es una batalla clave por la vivienda pública del país. La Fundación no puede lavarse las manos. Tiene la responsabilidad y la capacidad de forzar una negociación.”
Esta acción masiva ha tenido lugar el mismo día en que se cumplen 100 días de huelga de alquileres y con un apoyo político y social en aumento. Federaciones y plataformas que representan a más de 3.600 entidades, una decena de ayuntamientos y un amplio movimiento ciudadano exigen a La Caixa que frene los desalojos y ceda los pisos a la Generalitat.