La familia de Radouane nunca ha dejado de pagar el alquiler, incluso estando fuera de contrato, a la espera de la renovación que no ha llegado nunca.
12.652 € es el dinero que la familia de Radouane ha estado pagando mientras esperaba que la propiedad de su hogar, la familia Isern-Jara, les renovara el contrato. A pesar de que la família nunca ha fallado con ningún pago, la propiedad está dispuesta a desahuciarles solo porque no quiere cumplir con los mínimos legales que debe tener un nuevo contrato: precio regulado y una duración mínima de siete años.
Radouane, Houda y sus hijos viven en un piso del barrio dels Tres Turons desde hace siete años. Los dos adultos son trabajadores esenciales y tienen contratos indefinidos, no son una familia vulnerable, pero no pueden permitirse una subida abusiva del alquiler, que es lo qué Isern-Jara les pedía ilegalmente. Además, la familia confesa que está teniendo muchas dificultades para encontrar un nuevo hogar en la zona (para no perjudicar sus hijos, los tres escolarizados en el barrio), y creen que podría haber un componente de racismo en el trato con las inmobiliarias de la zona por el hecho de ser una familia árabe.
La familia de empresarios Isern-Jara compró el edificio para especular
Los problemas de la familia de Houda i Radouane empezaron cuando Isern-Jara compró el edificio y empezaron a subir los alquileres provocando la expulsión de parte del vecindario. El conflicto escaló cuando la propiedad quiso subir 300 euros el alquiler a la familia en cuestión, a través de una prórroga precaria de un año y con cláusulas abusivas.
Al negarse a firmar la cláusula abusiva, la familia llegó buscando ayuda al Sindicat de Llogateres y al Grup d’Habitatge dels Tres Turons y descubrieron que, además, les estaban tomando completamente el pelo, puesto que tienen derecho a un contrato de siete años y con precio regulado. Cuando conseguimos sentarnos a negociar, la inmobiliaria que gestiona el inmueble explicitó que la propiedad no quería firmar un contrato bajo la legalidad vigente, puesto que «no le iba a favor». A pesar de varios intentos fallidos de negociación, finalmente, la propiedad ha decidido sacar adelante un desahucio a pesar de que los inquilinos nunca han faltado a un solo pago.
Hacen falta contratos renovables automáticamente para garantizar la seguridad de los inquilinos
La actual Ley de Arrendamientos Urbanos permite que un propietario, por el sol hecho de tener unos inquilinos que exigen el cumplimiento de la ley, pueda desahuciarlos cuando el contrato se acaba, sin dar más explicaciones. 12.652 € son todo el dinero que una familia trabajadora ha pagado a unos rentistas mientras éstos los estaban denunciando, llevando a juicio y, finalmente, desahuciando.
Para evitar situaciones donde los arrendadores pueden decidir libremente si echar o no a una familia, por el simple hecho de subir el alquiler a pesar de que sea ilegal, es necesario generar un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica a las inquilinas. Por eso, el Sindicat de Llogateres exigimos que los contratos de alquiler se renueven automáticamente y de forma obligatoria, siempre que el arrendatario haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no necesite la vivienda para uso propio o de algún familiar.