La Diana Virgós, locataria del bloque de Riereta 37 al barrio del Arrabal, afronta hoy un juicio de expulsión de casa suya porque la empresa no ha querido renovar contrato a precio regulado
Hoy el Sindicato de Locatarias estamos en la Ciudad de la Justicia en Barcelona para acompañar la Diana -locataria de la finca de la calle Riereta 37, al barrio del Arrabal- en un juicio donde la empresa Vivenio Residencial Socimi, el 7.º mayor gran tenedor del Estado español, quiere expulsarla de casa suya para destinar su piso a un alquiler de temporada.
La Diana lleva viviendo desde el 2017 y ya sufrió un intento de expulsión durante la pandemia cuando, durante el confinamiento, la propiedad intentó subirle el alquiler el doble del que pagaba; lo evitó gracias a las prórrogas de alquiler obligatorias impulsadas por el movimiento por la vivienda y también por la aprobación de la regulación de alquileres catalana el septiembre de 2020. Desde entonces, la propiedad le había estado prorrogando el contrato de forma anual -a pesar de que los vecinos de la finca, organizadas con el Sindicato, han intentado contactar varias veces con la propiedad para reunirse y negociar nuevos contratos- hasta marzo de 2024, justo cuando entró en vigor la regulación de alquileres en Cataluña. Es en aquel momento cuando Vivenio intentó que la locataria firmara un nuevo contrato antes de tiempo para esquivar la regulación, pero la Diana se negó a firmarlo: el contrato incluía una subida de precio de más de 200€ mensuales y, además, y estaba lleno de cláusulas abusivas como el abono, por parte de la locataria, de un seguro de impago o el pago de gastos extra como el IBI, Comunidad de vecinos y Tasa de residuos. A partir de aquí la propiedad rompió negociaciones y la ha demandado por finalización de contrato.
Es durante este tiempo, también, que las locatarias del bloque averiguan que Vivenio está poniendo en marcha un plan piloto por ofertar pisos de temporada a su finca para esquivar la regulación de precios, un plan que la propia empresa ha anunciado a los medios de comunicación.
Desde el Sindicato denunciamos que el caso de la Diana es un ejemplo de las prácticas que los grandes tenedores hacen para saltarse la regulación de precios de alquiler: no-renovaciones, prórrogas anuales (a la misma finca de Riereta hay dos locatarias en esta situación), uso fraudulento con el alquiler de temporada y cláusulas abusivas. Estas últimas están presentes en prácticamente todos los contratos de las diferentes fincas que Vivenio tiene en Cataluña y Madrid, y le sirven a la empresa para subir alquileres de forma encubierta tanto en las fincas en régimen de mercado libre como en edificios de vivienda protegida.
Subiendo precios de la vivienda protegida
Según los datos de la propia empresa, Vivenio tiene un total de 1820 viviendas de protección oficial en todo el Estado, 198 de los cuales se encuentran en Cataluña. Desde el Sindicato de Locatarias hemos analizado algunos de los contratos de esta empresa con locatarias de viviendas de protección oficial y hemos detectado cláusulas abusivas en los contratos, idénticas a los otros contratos de las locatarias de Azora y Néstar, a quienes ya hemos llevado a los tribunales por estas prácticas fraudulentas.
En el marco del anuncio del presidente Isla de construir 50.000 viviendas protegidas nuevos, desde el Sindicato alertamos de la necesidad de replantear el modelo de vivienda protegida, basado en una colaboración público-privada que nos demuestra que los grandes promotores y gestores de vivienda protegida, como por ejemplo Vivenio, pero también Inmocriteria Caja o tantos otros, implementan prácticas especulativas y fraudulentas que van en contra del derecho a la vivienda y del derecho de las locatarias.