Esta semana se han hecho públicos nuevos datos sobre el mercado del alquiler en Cataluña, correspondientes al primer trimestre de 2022. Con ellos, ya tenemos datos de todo el período en el que la regulación del precio de los alquileres estuvo vigente. El pasado 20 de marzo, el Tribunal Constitucional tumbó buena parte de la Ley 11/2020, de contención de rentas, a partir de un recurso del Partido Popular y, posteriormente, respondiendo también a un recurso del gobierno español.
Los datos disponibles, pues, nos permiten tener una visión entera sobre lo que implicó este año y medio de regulación de precios para las familias inquilinas de Cataluña. De entrada, sabemos que durante todo este tiempo se han firmado hasta 190.000 contratos en municipios en los que se aplicaba la regulación. Se trata de 190.000 familias que se beneficiaron de la bajada del precio del alquiler provocada por la regulación y que disfrutarán durante toda la duración del contrato, de al menos 5 años.
Además, los contratos con precio regulado han sido de media 26€ mensuales inferiores a lo que se pagaba antes de la regulación en los mismos municipios. Esto supone 310€ anuales de ahorro para cada una de las familias inquilinas.
Por lo tanto, la combinación de los dos datos anteriores nos muestran que la regulación ha supuesto un ahorro total de 58 millones de euros para los hogares inquilinos de los municipios regulados. En cinco años, que es la duración mínima de estos contratos, el ahorro habrá sido de casi 300 millones de euros. Estas cifras suponen el equivalente a triplicar lo que actualmente la Generalitat destina a las ayudas al alquiler. De hecho, son mayores que cualquier política existente en materia de alquiler, pero sin gastar ni un euro público.
La regulación mostró que es posible bajar los alquileres, sin la destrucción del mercado que algunos vaticinaban. Se ha logrado un impacto real para las familias inquilinas, con un importante ahorro en el alquiler cuando más se necesitaba. La experiencia catalana marca el camino de las políticas para hacer del alquiler una opción más estable, asequible y segura. Por eso es imprescindible que la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda plantee una regulación de alquileres ambiciosa y valiente. La propuesta inicial del gobierno español tiene serios defectos que la diferencian de la regulación catalana y que la dejarían sin efectos reales. Es necesario que en el debate de la nueva ley se tenga en cuenta el éxito de la experiencia catalana para aprobar una regulación de los alquileres que baje los precios y mejore la vida de la gente inquilina.