En Cataluña denunciamos el incumplimiento de la ley y la mala gestión con los HPO y exigimos una tabla de negociación colectiva
Hoy desde Madrid hasta Hospitalet de Llobregat, 600 familias que viven en pisos propiedad de CaixaBank han dicho basta. En Cataluña unas sesenta familias han lanzado una campaña para exigir una tabla de negociación y que cumpla con las leyes 24/2015 y la regulación de alquileres. En Madrid 500 familias denuncian subidas de precio abusivas. Por eso se ha lanzado una campaña y en Cataluña hemos celebrado una rueda de prensa donde han participado vecinas y militantes de Hospitalet y de Barcelona. También han asistido algunos cargos públicos que han apoyado la lucha.
Los primeros casos surgieron en Barcelona, donde CaixaBank, el segundo propietario de viviendas del Estado español, lleva incumpliendo la aplicación de la Ley 24/2015 desde finales de 2019, por la cual está obligada ofrecer un alquiler social a una familia con tres menores en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, CaixaBank también está evitando renovar contratos bajo el nuevo marco de la Ley de contención de rentas, la 11/2020. A pesar de que se ha instado a CaixaBank a cumplir las leyes y se ha intentado negociar con la entidad, ésta ha decidido escoger, unilateralmente, la vía judicial y proceder al desahucio de las familias afectadas.
En Hospitalet, vecinos de dos bloques de vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler con 110 pisos denuncian cláusulas abusivas en los contratos – opción a compra que desaparece en la renovación de contratos, obligatoriedad de contratar seguro de impago y abrir cuenta en CaixaBank, IBI y gastos de escala cobradas aparte – y abandono total del mantenimiento de los edificios por el cual pagan una liquidación a final de año sin justificantes. 50 de los pisos han pasado el mes de Enero sin gas y con evasivas de CaixaBank, y cada año se les cobra el mantenimiento de unas placas solares que no han funcionado nunca, entre otras. Instamos a CaixaBank a cumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos y cumplir las obligaciones como arrendador. Finalmente, se ha constatado que en los contratos de los bloques de Hospitalet, se ha sufrido una subida del 61% del precio en los últimos 10 años y se ha doblado el umbral mínimo de ingresos anuales para acceder a la renovación del contrato, de 8.000€ al 2010 a 15.000€ al 2020. No se entiende por qué en una vivienda de protección oficial aumenta el alquiler hasta tal punto y pide unos ingresos mínimos de acceso, requisito que no aparece en ninguna ley.
Vecinas y Sindicato exigen una negociación a CaixaBank
El Sindicato de Inquilinas exigimos en CaixaBank que pare los desahucios previstos por la familia de Laura y lo Quim y por la familia de Rosario. Así mismo exigimos que cumplan con la 24/2015 y con la Ley de Regulación de Alquileres. Por último, instamos a CaixaBank a sentarse en una tabla de negociación con las vecinas de las viviendas de protección oficial de Hospitalet para llegar a un acuerdo en la renovación de los contratos y que cumpla con sus obligaciones como arrendador. A las instituciones y administración pública exigimos que fuercen en CaixaBank porque cumpla las leyes y que si no lo hace, que sea sancionada debidamente.
El Sindicato de Inquilinas es una organización con miles afiliadas. Si hemos conseguido hacer sentar a negociar a Goldman Sachs o a Blackstone, también lo haremos con CaixaBank. El derecho a la vivienda de Laura, Quim, Rosario y las 110 familias de Hospitalet están por ante el privilegio de los bancos y los fundes buitres de especular.