El miércoles 4 de diciembre a las 9h nos concentramos ante la Ciudad de la Justicia en Barcelona en un gesto de rechazo al intento de criminalización del movimiento por la vivienda. Paralelamente 4 compañeras de la Oficina de Vivienda Popular de Gracia y del Sindicato de inquilino comparecerán en un juicio donde un propietario las acusa de coacciones y amenazas para defender el derecho a la vivienda.
Las denuncias se interpusieron en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona en primavera, a raíz la voluntad del Sindicato de inquilino y la Oficina de Vivienda Popular de Gracia de intentar sentarse a hablar con la propiedad del hogar de una de las familias organizadas en estos sindicatos. Las imputadas son Jaime Palomera (portavoz del Sindicat de Llogaters), Pablo (Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia) y Juan y Lívia, arrendatarias integrantes de ambas organizaciones.
La negociación y el entendimiento han sido siempre nuestras máximas vez de defender el derecho a la vivienda ante todo tipo de propietarios. Cabe decir que esta receta ha permitido que en los últimos 3 años más de 1000 familias organizadas no hayan tenido que irse de casa y se haya podido llegar a acuerdos con las propiedades.
Los multipropietarios medios y grandes, locales, con nombres y apellidos, que acumulan más de 5 propiedades y hasta 50, son un grueso muy importante de rentistas con prácticas abusivas y que ejercen una presión muy fuerte sobre el inquilinato de Barcelona. No nos referimos a bancos y fondos buitres, ni tampoco a personas o familias que cuentan con tres o cuatro viviendas y las realquilan para llegar a fin de mes. Hablamos de especuladores con muchas viviendas que no sólo viven de nuestros sueldos, sino que no tienen ningún tipo de empatía hacia las miles de personas que sufren la burbuja de los alquileres.
Creemos que es aberrante que la ley permita a los multipropietarios expulsar unilateralmente los inquilinos e inquilinas sin aportar ningún motivo de peso, como la necesidad de la propiedad (o parientes de primera línea) a hacer un uso directo del inmueble para vivir. Creemos también aberrante que los rentistas puedan fijar el precio que quieran sobre un bien de primera necesidad -como es la vivienda- sin ningún tipo de restricción. Y es por eso que queremos cambiar las leyes que permiten que esto funcione así. Mientras hacemos presión para cambiar las leyes, nos organizamos para defender el derecho a tener un hogar y exigimos un trato digno y de igualdad con la propiedad.
En este caso, la falta de empatía de la propiedad le ha llevado no sólo a no querer negociar una renovación de contrato, sino también a denunciarnos, a judicializar un conflicto basado en la necesidad de vivienda. Estos hechos suponen toda una campaña de criminalización hacia todas aquellas que nos manifestamos y defendemos el derecho a la vivienda. Es una forma de atacar el derecho de negociación de todos los inquilinos que están sufriendo subidas de alquiler y amenazas de expulsión en un marco legislativo totalmente desfavorable. Es un intento de aniquilar el campo de los derechos en materia de vivienda que hemos abierto mediante la protesta pacífica y la denuncia pública de la especulación.
Desde la Oficina Popular d’Habitatge de Gracia y el Sindicat de Llogaters, seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda. Seguiremos exigiendo la regulación de precios, parando desahucios, combatiendo la especulación y organizándonos. Seguiremos poniendo el derecho a la vivienda y la vida, por encima del privilegio de unos pocos de poder especular.
