Las inquilinas reclaman una mesa de negociación con la propiedad para encontrar soluciones que garanticen que todos los inquilinos puedan quedarse en sus casas
Después de un año, el propietario se ha acercado por primera vez a hablar con las inquilinas, quienes le han reiterado la necesidad de establecer una mesa de negociación para buscar soluciones.
Hoy, Arnau Viaplana, administrador del fondo de inversión Urbe Enginova, ha declarado en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona por posible delito de acoso inmobiliario contra las inquilinas de la calle Concòrdia 41. Se trata de la segunda denuncia penal colectiva por acoso inmobiliario en todo el Estado español.
Las inquilinas hicieron declaraciones a la prensa antes de la comparecencia judicial y reiteraron que ni el acoso ni los desahucios son una opción. Denuncian que Viaplana nunca ha querido negociar directamente con ellas; por el contrario, ha contratado una empresa de desokupación para intermediar con los vecinos. De hecho, tras la interposición de la denuncia, la única propuesta de resolución del conflicto la ha trasladado a través del Ayuntamiento. Una propuesta “inaceptable”, que contempla la expulsión de parte de las inquilinas y subidas de alquiler. Las vecinas mantienen que la única salida es sentarse a negociar cara a cara.
Viaplana interpela a las inquilinas afectadas a la salida de los juzgados
El administrador de Urbe Enginova se ha acercado a las inquilinas a las puertas del juzgado, un hecho inédito, ya que durante el último año las vecinas han intentado comunicarse con él para reunirse y buscar una solución. Viaplana se acercó para increparlas, y las inquilinas, con calma, le insistieron en que cualquier solución pasa por abrir una mesa de negociación donde estudiar medidas que permitan que todas las inquilinas puedan quedarse en sus hogares.
Denuncia colectiva por acoso inmobiliario
En la denuncia interpuesta por las vecinas organizadas con el Sindicat de Llogateres y el Col·lectiu Ronda, las inquilinas denuncian una estrategia deliberada por parte de Urbe Enginova para expulsar a los inquilinos, basada en la falta de responsabilidad en el mantenimiento del edificio, el abandono de los deberes legales de la propiedad como responder a los correos de los vecinos, mantener la limpieza y las reparaciones, y la contratación de una empresa de “desokupación” para presionar e intimidar a los vecinos y provocar el abandono de sus pisos contra su voluntad. Uno de los hechos más relevantes fue la negativa a reparar el ascensor del edificio durante 40 días, lo que impidió que muchas vecinas pudieran salir de sus casas.
Las inquilinas del edificio Concòrdia 41, ubicado en el barrio del Poble Sec de Barcelona, llevan un año luchando contra los intentos de desahucio por parte del fondo de inversión Urbe Enginova, que adquirió el edificio de 14 viviendas y 2 locales en febrero de 2025 y se niega a renovar los contratos de las vecinas. La comunidad de inquilinas, organizada con el Sindicat de Llogateres y el Sindicat de Barri del Poble Sec, está determinada a luchar por la renovación de todos los contratos de alquiler y mantener la estrategia #EnsQuedem: no abandonar las viviendas al finalizar el contrato y seguir pagando el alquiler hasta alcanzar una solución.
Este año finalizan unos 155.000 contratos de alquiler en Cataluña, lo que pone en riesgo de desahucio a las familias que viven en ellos y puede provocar una oleada de desahucios invisibles sin precedentes. Por ello, reclaman que el Congreso prorrogue obligatoriamente todos los contratos de alquiler y apruebe la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.