Begoña y Luiz son dos vecinos de Barcelona a los que, hace unos pocos meses, trataron de expulsar de su casa.A continuación nos cuentan cómo consiguieron quedarse gracias al apoyo de las diferentes asociaciones que defendemos la vivienda como un derecho, no una mercancía.
«Hace 5 años mi pareja y yo decidimos dejar de compartir piso para empezar una nueva etapa en la que pudiéramos construir nuestro hogar. Nos costó encontrar uno que se adaptara a nuestro presupuesto hasta que encontramos este, de 47m2 en el barrio de Sagrada Familia, en Barcelona, por 550€. El piso estaba sin muebles ni electrodomésticos, y necesitaba algunas reformas. Durante el primer mes no pudimos empezar a vivir porque no estaban los suministros dados de alta; mi marido hizo toda la instalación eléctrica, arreglamos las paredes, el techo, las puertas…. A cambio nos prometieron una carencia, así que pensamos que valía la pena (es verdad que en ese momento era “normal” que el inquilino reformara, o al menos mejorara, la vivienda).
A principios de este año nos avisaron que el contrato finalizaba y que teníamos 30 días para dejar el piso, pero que si queríamos renovar podíamos ponernos en contacto con la agencia inmobiliaria. Aunque esto parecía una noticia “no tan mala” (pues había la posibilidad de negociar) en realidad se estaban aprovechando de nosotros, ya que nuestro contrato -anterior a la LAU/2013- nos permitía renovar por 3 años sin necesidad de redactar uno nuevo.
Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Barcelona para tener información y saber cómo podíamos o debíamos actuar. El primer contacto con el sindicato, a través de la asamblea Ens Quedem, nos sirvió para calmarnos, serenarnos y tomar perspectiva para pensar y no precipitarnos. Es fácil caer en la trampa, ya que al recibir una noticia así lo primero que piensas es que en un mes tienes que dejar el piso y que no hay nada con un precio asequible en toda el área metropolitana.
En la asamblea Ens Quedem conocimos a otros inquilinos que compartieron su experiencia y gracias el asesoramiento del sindicato conocimos nuestros derechos. Con todo eso, y junto con el apoyo de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), conseguimos negociar; lo que iba a ser una subida inicial de 250€ se convirtió en una de 100€. El trato siempre fue con la inmobiliaria, la parte más beneficiada, y nunca con los propietarios. Estuvimos hasta el último momento negociando también para evitar cláusulas abusivas que nos exigía la agencia, como el hecho de devolvernos el dinero de la fianza más tarde de lo que permite la ley o el pagar alrededor de 800€ en concepto de honorarios.
Finalmente estamos contentos porque después de un mes largo conseguimos continuar en el piso, con nuestros vecinos -con los que tenemos bastante relación- con el barrio y, en definitiva, en el hogar que decidimos construir. Hemos conseguido un precio de alquiler que, incluso en el caso de quedarnos los dos en paro, podemos seguir pagando».
Begoña Pons