El Ayuntamiento resolvió la ilegalidad de las reformas en cuatro viviendas e instó a Enter Coliving a no alquilarlas, a pesar de que lo hace por 2.800 € cada una en formato coliving. Mientras tanto, Collboni negocia con Junts el desmantelamiento de la medida del 30%, a través de «grupos de trabajo» que no existen.
Barcelona, 19 de mayo
El Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia denuncian públicamente que el bloque de Sant Agustí 14, en el barrio de Gràcia, ha sido reformado ilegalmente para transformarlo en pisos coliving, sin licencia de obras ni proyecto técnico, por parte de la empresa NAD Gracia SL (New Amsterdam Developers) y Enter Coliving. Estas viviendas se alquilan actualmente por habitaciones a precios de entre 820 y 980 €, dirigidas a un público internacional a costa de la expulsión del vecindario de toda la vida, que se enfrenta a demandas de desahucio pese a haber pagado todas sus cuotas de alquiler. Se trata de una gran rehabilitación que debería implicar la reserva del 30% de las viviendas como protegidas.
Reforman 4 viviendas ilegalmente y el Ayuntamiento tarda un año en sancionar pese a la insistencia vecinal
En febrero del año pasado, las inquilinas del edificio presentaron dos denuncias ante el Distrito por las obras ilegales, pero no fue hasta que acudieron al Síndic de Greuges de Barcelona que el Ayuntamiento inició las inspecciones, en julio de 2024. En febrero de este año, el consistorio resolvió que las obras eran ilegales, impuso una sanción coercitiva de 500 € y requirió a Nad Gracia S.L la presentación de una solicitud de licencia urbanística mayor con proyecto técnico en un plazo de 2 meses, además de la prohibición definitiva de los usos que estas obras pudieran permitir. A día de hoy, las viviendas siguen alquilándose como colivings, no se ha solicitado ninguna licencia urbanística y el Ayuntamiento no ha impuesto ninguna nueva sanción.
El Ayuntamiento no sanciona el incumplimiento y permite que no se aplique el 30%
La regularización de las obras como gran rehabilitación mediante una licencia de obra mayor obliga a reservar el 30% como vivienda protegida. Este caso no es una excepción: como reveló el diario ARA, el gobierno de Jaume Collboni ha dejado caducar todos los expedientes sancionadores abiertos a otras promociones que incumplieron esta obligación. El Ayuntamiento se excusa en «dudas jurídicas», pese a tener informes internos que avalaban las sanciones.
Collboni está negociando con la patronal inmobiliaria y Junts una reforma que excluiría a las grandes rehabilitaciones de la obligación de reservar un 30% de vivienda protegida, con el argumento de que «la medida del 30% no funciona». En realidad, como demuestra este caso, el Ayuntamiento no está aplicando la medida: ni la controla, ni sanciona los incumplimientos.
El Sindicat de Llogateres, junto con el resto de entidades impulsoras del 30%, desmentimos que exista un «amplio consenso» para esta reforma e incluso que exista un verdadero «grupo de trabajo», como se empeña en aparentar Collboni. Se trata de reuniones a puerta cerrada con el lobby inmobiliario, que lleva oponiéndose a la medida desde antes de su aprobación. Es absurdo que Foment del Treball y APCE se presenten como «facilitadores» de un acuerdo, cuando son claramente parte interesada y posicionada desde el primer día.
Colivings ilegales para esquivar la regulación de alquileres y expulsar a los vecinos
La pasividad municipal permite que Enter Coliving embolse cerca de 3.000 € mensuales por cada uno de los cuatro pisos reformados, lo que triplica el precio máximo legal establecido para estas viviendas. Todo ello incumpliendo la resolución del Ayuntamiento que prohíbe el uso de las viviendas reformadas. Mientras tanto, algunos vecinos ya han recibido demandas de desahucio y ven cómo la propiedad se niega a renovar los contratos de alquiler, con la intención de continuar este modelo especulativo.
El edificio de la calle Sant Agustí 14, en el barrio de Gràcia, fue adquirido en 2023 por el entramado empresarial New Amsterdam Developers con el objetivo de transformarlo en coliving. Esta red empresarial, dirigida por el inversor neerlandés Jeffrey Todd Kaye, acumula al menos una decena de edificios completos en Barcelona a través de distintas filiales. Su modelo de negocio, gestionado bajo la marca Enter Coliving, consiste en expulsar al vecindario, dividir los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos.
Ante esta situación de pasividad institucional, exigimos:
- Que se abran expedientes sancionadores por el mantenimiento del uso ilegal de las viviendas y se regularicen las obras del edificio de la calle Sant Agustí 14 bajo el régimen de gran rehabilitación, incluyendo la reserva del 30% para vivienda protegida.
- Que New Amsterdam Developers retire las demandas de desahucio, detenga los intentos de expulsión del vecindario que aún reside en el edificio y renueve los contratos de alquiler a quienes aún viven allí.
- Que se mantenga la medida del 30% sin modificaciones que la rebajen, y que se aplique de forma proactiva y contundente ante los incumplimientos.
- La tramitación inmediata de la ley parlamentaria que regulará los alquileres temporales y colivings, para fijar un tope a los precios y limitar sus usos especulativos.