Hoy el Congreso ha decidido que más de 60.000 familias sean expulsadas de sus casas sin una alternativa habitacional. Esta decisión llega en un momento de crisis habitacional sin precedentes: mientras se siguen alcanzando máximos históricos del precio del alquiler, el Parlamento ha optado por retirar incluso la poca protección que existía para frenar la expulsión de familias de sus hogares.
Lo que ha caído hoy no es un simple decreto. Ha caído una de las pocas protecciones que teníamos mientras la situación se precipita al abismo. Los alquileres no bajan, los fondos buitre no paran de comprar vivienda y el parque público sigue siendo ínfimo. El mensaje del Congreso es claro: la vivienda es un negocio, no un derecho. Y están dispuestos a defender ese negocio aunque el coste sean 60.000 sentencias de desalojo y un invierno de muertes en la calle.
Una mayoría parlamentaria al servicio del rentismo
Una vez más, la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y Junts, se ha posicionado abiertamente del lado del rentismo, eligiendo reforzar el negocio de la patronal inmobiliaria en vez de ampliar medidas ante el mayor problema social de la población. Es especialmente grave el voto de Junts, teniendo en cuenta que Cataluña es la región que lidera el número de desahucios en todo el Estado. Su voto en contra de la renovación de esta moratoria deja claro que actúan como secuaces de la patronal inmobiliaria y de los grandes propietarios. Además, con este voto en contra también han impedido la actualización de las pensiones en un contexto de empobrecimiento constante de la población.
Además, señalamos también a un Gobierno que durante los últimos 6 años ha sido incapaz de mejorar mínimamente las condiciones de quienes vivimos de alquiler. En lugar de impulsar políticas contundentes y firmes contra el negocio de la vivienda, el Gobierno continúa evitando lo urgente: proteger a las inquilinas. Mientras podría decretar alquileres indefinidos —como hará Inglaterra con su nueva ley a partir de mayo— o, como mínimo, aprobar una prórroga obligatoria para los más de 600.000 contratos que caducan este año, el Gobierno prefiere anunciar nuevos privilegios fiscales para los caseros.
Ante su inacción, los Sindicatos de Inquilinas somos clave
Ante la desprotección del Gobierno, los Sindicatos de Inquilinas hemos demostrado ser clave para proteger el derecho a la vivienda. Somos nosotras las que paramos los desahucios que ellos reivindicaban haber parado y ahora dejan caer. Somos nosotras las que luchamos contra las expulsiones y los desahucios invisibles quedándonos en casa mientras ellos siguen rechazando las prórrogas.. Y, una vez más, seremos nosotras las que nos defenderemos del rentismo ante esta emergencia habitacional. Pero, aun así, no podemos obviar la responsabilidad de este Gobierno de llevar a cabo medidas que protejan a las personas que vivimos de alquiler.
Salimos a la calle para acabar con todos los desahucios y exigir soluciones urgentes
La caída de la moratoria de desahucios junto al medio millón de finalizaciones de contratos de alquiler nos abocan a una ola de desahucios judiciales e invisibles sin precedentes. Mañana salimos a las calles para forzar medidas urgentes que garanticen que nadie sea expulsado de su casa: es necesario recuperar la moratoria de desahucios y prorrogar de forma obligatoria todos los contratos de alquiler, además de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos prevista en el Congreso para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.
La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hace falta bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitre y grandes tenedores y poner fin a las cláusulas abusivas y las estafas inmobiliarias.