Por:Tanner Howard
El pasado mes de marzo, los votantes y activistas de Chicago se movilizaron en contra de la prohibición de regular los alquileres en Illinois, un primer paso para frenar la crisis de vivienda asequible en la ciudad.
El pasado 20 de marzo, los ciudadanos de nueve distritos de Chicago se encontraron una sencilla pregunta al final de su papeleta: «¿Debería el estado derogar la prohibición de regular los alquileres?».
Una pregunta tan simple no deja traslucir la intensa cantidad de organización que ha impulsado a los activistas por el derecho a la vivienda y ha cambiado el debate acerca de los problemas de vivienda en Chicago. Después de más de un año de lucha para que la pregunta entrara en la papeleta, el resultado expresa la frustración que mucha gente siente ante la subida de los precios de la vivienda en Chicago: el 75 por ciento de los votantes han apoyado la medida.
Ha sido una victoria importante, construida con miles de horas de llamadas telefónicas a cargo de voluntarios, campañas puerta a puerta y recogida de firmas. Aunque la regulación de los alquileres todavía es ilegal en la ciudad, los activistas han cambiado los términos del debate y han sentado las bases de futuras luchas a favor de una vivienda justa en sus comunidades.
Hora de acabar con la prohibición
La medida ha surgido gracias a la coalición Lift the Ban, un conjunto de veinte asociaciones de vecinos y grupos a favor de una vivienda justa de alcance ciudadano que colaboraron para que la pregunta llegara a la papeleta y tuviera éxito. La coalición albergó a muchas asociaciones de vecinos de comunidades fuertemente afectadas por las expulsiones.
Albany Park, por ejemplo, es un barrio de la zona noroeste de la ciudad, uno de los más asequibles y étnicamente diversos: en sus escuelas públicas se hablan docenas de idiomas. En estos últimos años, Albany Park ha visto cómo los precios se disparaban. En el centro de estos cambios está la promotora Ron Abrams, cuya empresa Silver Properties ahora posee más de quince edificios en el barrio. La promotora ha enviado repetidamente avisos de desalojo de treinta días a edificios enteros, a menudo en pleno invierno, y ha echado a familias de inmigrantes sin papeles mientras doblaban el precio del alquiler a los nuevos inquilinos.
En este barrio, activistas implicados en 33rd Ward Working Families y los Democratic Socialists of America (DSA) han colaborado para ir puerta por puerta, buzonear e informar a sus vecinos de lo que estaba pasando. (Total transparencia: soy miembro de los DSA.) Mientras iba pidiendo votos hablé con mucha gente que había apoyado la regulación de los alquileres porque había visto de primera mano qué pasaba cuando los propietarios tenían demasiado poder.
En Chicago los alquileres no están tan altos como en Nueva York o Los Ángeles, pero se están volviendo cada vez menos asequibles. Según un informe de la Universidad de Depaul, la «brecha de asequibilidad» entre los que buscan una vivienda asequible y el número de unidades disponibles se ha disparado desde 2007: más de una de cada tres familias busca un alquiler asequible sin encontrarlo.
Esto ha dejado a más ciudadanos en situación de «sobrecarga de alquiler» o «sobrecarga severa de alquiler», lo que significa que se están gastando más del 30 o el 50 por ciento de sus ingresos en el alquiler, respectivamente. Estas dificultades son más agudas en comunidades con ingresos bajos del sur de la ciudad, una tendencia que no ha hecho más que exacerbarse con el anuncio de la biblioteca presidencial Obama en el barrio de Jackson Park. Allí, los activistas están cuestionando la negativa de Obama a promulgar un «Acuerdo de Beneficios Comunitarios» [Community Benefit Agreement] con el que se contrataría a residentes locales y se trabajaría para reducir las consecuencias de la gentrificación. Con la cantidad de registros censales ricos cuadruplicándose en la ciudad desde 1970, Chicago ahora tiene ocupa el octavo puesto en desigualdad de ingresos en los EE. UU., creando una división cada vez más profunda que se extiende por el paisaje segregado de la ciudad.
Por desgracia para los habitantes de Chicago, promulgar el control del alquiler no es tan simple como que se apruebe en el ámbito de la ciudad o del condado. Lift the Ban tomó su nombre de una prohibición del control de los alquileres de alcance estatal promulgada en 1997, producto de una ofensiva del Consejo Ejecutivo Legislativo Estadounidense [American Legislative Executive Council] (ALEC) para impedir la regulación de los alquileres en los estados de todo el país. La votación del mes pasado no fue vinculante, pero su gran éxito es una señal de que los tiempos están cambiando.
Tácticas
Mientras se preparaba la votación, Lift the Ban usó diferentes tácticas a fin de disipar los mitos sobre la regulación de los alquileres, informar a los votantes y fomentar el apoyo de las bases. De entrada, para que la pregunta llegara a la papeleta, la coalición tuvo que reunir cerca de 3.800 firmas de los votantes de la zona. Usaron esta participación para crear contactos iniciales a los que se podría regresar en los meses siguientes.
El pasado mes de octubre, la coalición recibió a abogados de Oakland y Nueva York, dos ciudades con legislación vigente sobre regulación de alquileres, para cuestionar la idea de que las regulaciones podrían causar desinversión. Ante una audiencia de doscientas personas, desacreditaron los argumentos contra el control de alquileres y ayudaron a los residentes a aprender sobre la ley. También hubo testimonios impactantes de gente de toda la ciudad que está sufriendo los desplazamientos.
Jawanza Malone, de Lift the Ban, representante de la asociación de vecinos de Kenwood-Oakland, llevó estas ideas a la televisión en horario de máxima audiencia para debatir en directo con un lobista inmobiliario en el programa local de la PBS Chicago Tonight. Centró sus comentarios en las consecuencias palpables de los alquileres descontrolados. «Hay una señora de 84 años que vive en el barrio a la que le doblaron el precio del alquiler cuando un fondo buitre de Nueva Jersey compró su edificio», les dijo a los espectadores. «Hay algo que realmente no funciona cuando uno de cada dos inquilinos de esta ciudad está pagando más de lo que puede permitirse, y deberíamos ser capaces de hacer algo al respecto».
En enero, los manifestantes ocuparon el James P. Thompson Center, un edificio del gobierno estatal, y se tumbaron sobre mantas y sacos de dormir. «¿Adónde vamos a ir si no tenemos donde vivir?», les preguntaron a los funcionarios del estado de Illinois, que miraban desde los balcones del edificio de arriba.
En marzo, en la recta final de la campaña, diferentes asociaciones movilizaron a sus respectivas comunidades con un intenso sondeo. En Pilsen, de donde al menos diez mil residentes con bajos ingresos han sido expulsados en los últimos años, la mitad de ellos desahuciados, activistas bilingües movilizaron a una comunidad mayoritariamente latina. Gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios, la campaña entró en la votación del 20 de marzo con un gran ímpetu, una energía que esperamos continúe creciendo a medida que los activistas presionen a los funcionarios electos para que actúen.
Moviendo ficha
Incluso antes de conocer los resultados, la campaña ya había transformado el debate a escala estatal. Dos candidatos demócratas a gobernador, incluido el que terminó siéndolo, J.B. Pritzker, respaldaron la regulación de los alquileres a escala estatal. Si el multimillonario Pritzker –que ahora se enfrenta al también multimillonario y actual gobernador republicano Bruce Rauner– mantiene esa promesa es una incógnita. Aun así, es una señal alentadora que los políticos perciban el descontento que se está gestando en nuestra ciudad.
El mayor paladín de la regulación de los alquileres en el ámbito estatal ha sido el representante de Illinois Will Guzzardi, que representa a barrios gentrificados como Logan Square, al noroeste de la ciudad. Su proyecto de ley, propuesto por primera vez el invierno pasado, responde directamente a la pregunta formulada a los votantes en marzo, declarando a las claras: «Se deroga la ley de opción preferente sobre la regulación de los alquileres». Aunque Guzzardi aún tiene que reintroducir el proyecto de ley durante la sesión legislativa de 2018, los activistas en el tema de la vivienda ya están buscando medidas adicionales para frenar la gentrificación y dar una mayor protección a los inquilinos. Una ordenanza de desahucio por causa justificada, por ejemplo, impediría que los propietarios desalojasen a los inquilinos sin un motivo legítimo, incluidos los que buscan atraer a inquilinos con más poder adquisitivo. Combinada con la regulación del alquiler, cambiaría las reglas del juego de la vivienda en Chicago.
El terreno para conseguir la regulación de los alquileres en Illinois sigue siendo difícil, pero el voto ha dado a los activistas la confianza de saber que están en el camino correcto. Aunque las demandas socialistas de vivienda más ambiciosas, como desmercantilizarla, todavía no están al alcance, la forma en que esta campaña ha unido a comunidades dispares de nuestra extensa metrópolis da esperanza para pensar que una vivienda justa es posible en Chicago.
Artículo original publicado en Jacobin Magazine a l’abril de 2018.