El fondo buitre Blackstone es uno de los propietarios más grandes del mundo y también del Estado español, donde controla unas 40.000 viviendas de alquiler. Ahora, a pesar de esfuerzos de la ciudadanía durante la pandemia para pagar los alquileres, las afiliadas denuncian prácticas ilegales de Blackstone para expulsarlas.
Gracias a la negociación del Sindicat de Llogateres con el gobierno del Estado desde el inicio de la pandemia, se han aprobado numerosos decretos que obligan a los grandes tenedores a prorrogar los contratos de arrendamiento si las inquilinas lo solicitan. Desgraciadamente, Blackstone (a través de sus empresas-pantalla, como Anticipa o Alquilovers) incumple el Real Decreto 11/2020 y su extensión RD 16/2021 y rechaza las prórrogas solicitadas por sus inquilinas y que tendría que aceptar por ley. Simplemente se limita a comunicar la finalización de los contratos sin intención de renovarlos: “no hay prórroga, coge las cosas y márchate”.
Durante más de 2 años, el fondo buitre reconoció la representación del Sindicat de Llogateres, tiempo durante el cual hemos conseguido más de una decena de victorias inquilinas: renovaciones, rebajas de alquiler, alquileres sociales y condonaciones parciales de deudas. Ahora, Blackstone ha roto unilateralmente la tabla de negociación y amenaza en echar de casa una veintena de afiliadas. Además, en algunos casos, estas expulsiones se suman a un abandono del mantenimiento de las viviendas, hecho que pose en peligro la seguridad y la salud de las inquilinas.
Las afiliadas afectadas no se lo pueden creer: “No solo estamos pagando precios desorbitados por estas viviendas, sino que además tenemos que pagar su imprudencia con reparaciones de instalaciones que fallan, techos que se colapsan o humedades que afectan a nuestra salud. ¿Y porque tengo que pagar el dinero que he ganado con tanto de esfuerzo a una empresa multimillonaria que solo tiene codicia e incumple la ley, y que al final del contrato no tiene margen para negociar una renovación?”
Los expertos jurídicos y técnicos del Sindicat de Llogateres reconocen faltas graves y muy graves sancionables según la ley 18/2007 del derecho a la vivienda, puesto que Blackstone comete acoso inmobiliario por:
- no cobrar el alquiler en un contrato vigente.
- no cumplir el deber de mantenimiento y poner en riesgo la salud y seguridad de las afiliadas.
El Sindicat de Llogateres ha presentado denuncias por acoso inmobiliario y ha iniciado una campaña para conseguir la negociación colectiva a la cual nos encomendamos en cada situación de violencia inmobiliaria. Por esta razón, las afiliadas de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, Martorell y Torrelles de Llobregat ya se han organizado en bloques y se niegan a ser expulsadas en desahucios invisibles. Exigen una mesa de negociación para renovar todos los contratos y hacer alquileres sociales o bonificaciones en aquellos casos que fuera preceptivo en cumplimiento de la Ley 24/2015.
Ante este escenario de expulsiones forzadas de decenas de familias, en el Sindicato insistimos en la necesidad de contratos con renovaciones automáticas y el derecho a retener la renta si la vivienda no cumple las condiciones de habitabilidad.
¡Nos quedamos! En el Sindicato no nos quedamos con los brazos cruzados y conseguiremos la negociación colectiva con Blackstone. Consulta las asambleas en todo el territorio y únete al Sindicat de Llogateres si tu arrendador es:
- Alquilovers
- Budmac Investment
- Anticipa Real Estate
- Torbel Investments
- Euripo Properties
- Albirana Properties
- Testa Residencial