La finca está siendo adquirida por un fondo que pretende reformar y vender las viviendas
Las vecinas de la finca Tapioles 15 han presentado esta mañana su lucha por conseguir la renovación de sus contratos de alquiler sin subidas. La petición se hace ante la adquisición del inmueble por el fondo buitre Second House S.L., quien pretende reformar el edificio del Poble Sec y vender las viviendas.
Durante la rueda de prensa, cinco de las vecinas han explicado su situación así como las demandas hacia el fondo buitre Second House. Todas ellas han subrayado su voluntad de seguir viviendo en la finca y en el barrio, así como la necesidad de renovar los contratos de alquiler para poder vivir tranquilamente y sin angustia. Después, ha intervenido Sergi Barrios, portavoz del Sindicat de Barri del Poble Sec, quien ha denunciado las malas prácticas de los fondos buitres en el barrio y en toda la ciudad y ha felicitado a las vecinas por organizarse y hacerles frente. Finalmente, ha hablado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, quien ha enviado un mensaje muy claro al Gobierno del estado: «Hay que aprobar ya la ley de vivienda para proteger el derecho de las inquilinas, si el PSOE la está bloqueando es porque se niega a regular los alquileres y decepcionar a los fondos buitres para quien gobierna».
Operación clásica de los fondos buitres: comprar, expulsar, reformar y vender
Las vecinas de esta finca del Poble Sec fueron informadas de la operación de compraventa hace unos meses, una vez ya se había firmado el contrato de arras. La nueva propiedad notificó a las inquilinas que mantendría la situación de sus contratos, pero lo que esto significa a la práctica, es que una vez la compra sea firme, lo cual se prevé que pasará a inicios de diciembre, Second House podrá rescindir los contratos y pedir a la mayoría de las inquilinas que marchen en el plazo de un mes, lo cual les genera mucha angustia.
Esta finca del Poble Sec consta de 15 viviendas, todas ellas de alquiler, donde viven 11 familias, dado que 4 pisos están vacíos. De estos once hogares, cuatro tienen contrato de renta antigua (indefinido) y los otros 7 tienen contratos de alquiler convencionales. De hecho, cuatro hogares ya tienen el contrato de alquiler finalizado, y éste se va prorrogando mes a mes, tal como marca la tácita reconducción. De los tres restantes, a dos hogares se les finaliza el contrato en los próximos meses y a uno le quedan todavía 3 años de contrato.
Los miedos de las inquilinas no son infundadas. Por un lado, la nueva propiedad ya ha hecho públicas sus intenciones de reformar y vender las viviendas una a una. De hecho, en internet se pudo visualizar el anuncio de la venta de uno de los pisos, con imágenes del mismo simuladas digitalmente, publicado por Second House S. L. y actualmente retirado. Además, durante las últimas semanas, la futura propiedad ha estado enseñando a compradores potenciales los pisos vacíos de la finca. Por otro lado, las inquilinas han podido acceder al proyecto de reforma y remodelación de la finca, una reforma integral, que tal como admiten, no responde a las necesidades de mantenimiento de la finca y de las vecinas, sino al poder justificar la expulsión y vender después las viviendas más caras.
Vecinas organizadas y dispuestas a luchar
Ante esta situación, las inquilinas de Tapioles 15 se han organizado con el Sindicat de Llogateres y el Sindicat de Barri del Poble Sec, y están dispuestas a defender sus viviendas. Después de meses intentando concertar una reunión con la nueva propiedad a través del Sindicat de Llogateres, finalmente, han conseguido cita para mañana jueves.
Sus demandas son muy claras: piden a Second House que renueve sus contratos de alquiler sin subidas de precio, que no suba los alquileres de renta antigua (dado que si se hacen obras, la ley contempla incrementos) y que las obras y reformas que haga, respondan a las necesidades reales de las vecinas y no al interés de especular. Para las vecinas, la clave de todo es establecer un diálogo y garantizar que se respeta la buena convivencia y se permite seguir viviendo tranquilamente en todo el vecindario.
Hacen falta leyes que protejan a las inquilinas por encima de los intereses especuladores
La llegada de fondos de inversión que adquieren fincas enteras, no es un fenómeno nuevo en Barcelona y en las grandes ciudades. Esta tendencia se estableció hacia el año 2014 y fue uno de los factores claves que hizo aumentar el precio de los alquileres y causó miles de desahucios a raíz de la expulsión de las vecinas de sus hogares. Casi una década después, las consecuencias han sido devastadoras: barrios vaciados de su vecindario y alquileres con precios inasumibles para la mayoría de la población.
La única manera de garantizar el derecho a la vivienda de las vecinas es poniendo fin a las prácticas nocivas de los fondos buitres, que adquieren fincas enteras sin tener en cuenta quien vive dentro y con el único propósito de especular y sacar beneficio. Es urgente regular los alquileres para que empiecen a bajar los precios y conseguir que los hogares inquilinos no destinen más de un 30% de su sueldo a la vivienda. La ley de vivienda estatal es la herramienta clave para poder hacerlo, pero mientras el PSOE se niegue a aprobarla, miles de familias continuarán sufriendo subidas de alquiler y centenares de fondos buitre, continuarán expulsando vecinas para poder cobrar rentas más altas.
En estos momentos de inflación, es más necesario que nunca proteger el derecho a la vivienda, por eso, desde el Sindicat de Llogateres exigimos al Gobierno español que incorpore dentro del paquete de medidas contra la inflación la obligación de prorrogar los contratos de alquiler y congelar los precios hasta que no se apruebe la ley de vivienda estatal.