Más allá de los fondos buitre, en el mercado del alquiler hay muchos grandes propietarios locales, una estirpe privilegiada en Cataluña que siempre han hecho y deshecho a su aire.
Los casos de Sergio, Lara y Pepito, dos familias inquilinas de Barcelona, nos recuerdan que los grandes propietarios locales también son parte del problema de la especulación en nuestras ciudades. Estos propietarios, normalmente pertenecientes a familias acomodadas, se aprovechan de la ola gentrificadora para hacer negocio a costa de vecinos y vecinas.
El oportunismo especulativo de los grandes propietarios locales lo representa Antonio Muñoz Juncosa, Interventor general del Ayuntamiento de Barcelona. Muñoz es miembro de la administración de Finques Llor, una empresa familiar con quien tiene vínculos a través de su pareja, Teresa Llor, también interventora del consistorio barcelonés. Esta sociedad es la propietaria de la finca de la calle Pescadors 48, en el barrio de la Barceloneta, donde vive Pepito, vecino de 83 años que ha nacido y ha vivido toda la vida en un piso de 30 metros cuadrados que actualmente se encuentra en muy mal estado. Pepito denunció hace cuatro años la colocación de un andamio en la fachada del edificio sin previo aviso y la propiedad tomó represalias denunciándolo a él por no haber notificado por escrito la muerte de su madre, con quien la propiedad había firmado el contrato originariamente, además de no hacer ningún tipo de reparación en la finca desde hace años. Muñoz no sólo se conforma con subir el alquiler (de 140 a 500 €, mientras que el Pepito cobra 600 € de pensión): recientemente el interventor ha sido expedientado por el Ayuntamiento debido a que en la finca de Pescadors hay dos pisos turísticos ilegales.
Los tentáculos de Fincas Llor también amenazan a Sergio y a Lara, vecinos de la calle Escorial de Gracia. En este caso es el suegro de Muñoz, Domingo Llor Duran, quien decidió no renovar el contrato del inquilino raíz de la denuncia de este último del mal estado de la finca. El contrato de Sergio y Lara expiró el pasado mes de junio y ahora está pendiente de juicio ya que la propiedad ha decidido llevarlo a los tribunales por no haberse ido de su casa.
Finques Llor, a pesar de ser una empresa, tiene poco patrimonio inmobiliario: el verdadero grosor del poder y riqueza de Llor recae en la veintena de propiedades que los miembros de su consejo administrativo -todos miembros de la familia- tienen a su nombre. Fingen ser pequeños propietarios, ya que la ley en Cataluña (la 24/2015) sólo obliga a grandes tenedores como fondo buitres y bancos a ofrecer alquiler social a personas sin alternativa habitacional y, por tanto, no se les aplica; es la especulación escondida, la que se aprovecha de los vacíos legales para escaparse de los radares. Esto les permite expulsar familias y a descuidar el estado de las fincas con impunidad, lo que los hace aún más nocivos para arrendatarios y arrendatarias que lo único que quieren es quedarse en casa y vivir dignamente.
Sin embargo, ni Pepito, ni Sergio, ni Lara están solos: tienen el apoyo del Sindicato y de la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia, y ya hemos realizado acciones para intentar negociar con la propiedad, de momento sin éxito…pero no nos rendimos y la lucha continúa, porque a nosotros sólo nos gustan los finales felices: es decir, alquileres dignos, asequibles y estables! Estad atentas a la próxima entrega de la trama de los #EspeculaLlors!