Fraude de ley: subidas de precio encubiertas

¿Has firmado un contrato de alquiler de 5 o 7 años que incluye subidas del precio durante el contrato, desvinculadas del IPC? Si es así, estás siendo víctima de un fraude de ley.

Los fondos buitre, Blackstone el primero, están burlando la ley de alquiler con subidas precios durante el contrato. Y no solo ellos: también agencias y otros propietarios. Pretenden así saltarse todas las mejoras que conseguimos el pasado marzo con el nuevo decreto de alquiler. 

Recordemos que el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de Marzo, blindó la duración mínima de los contratos (5 años para personas físicas y 7 años para grandes personas jurídicas) y prohibió las subidas abusivas dentro de contrato. Inicialmente, en Enero de 2019, el Gobierno había intentado aprobar un decreto que permitía a los propietarios imponer subidas graduales e inasumibles a lo largo de los 5 o 7 años de contrato. Nos opusimos a este Decreto y, gracias al sudor y lágrimas de mucha gente, finalmente se aprobó un texto legal que fija las subidas interanuales al IPC.

Sin embargo, en los últimos meses hemos detectado que diversos tipos de propietarios y agencias inmobiliarias se dedican a hacer subidas encubiertas. Esto constituye un claro fraude de ley y un abuso de poder: si no hay un sindicato en la mediación, la mayoría de inquilinos no tienen otra alternativa que aceptarla o quedarse sin la vivienda. Estas son algunas de las prácticas que hemos identificado: 

 

  • Falsas bonificaciones y carencias. Se trata de supuestos descuentos que se aplican en los primeros años, y a partir del cuarto año deja de ser vigente. Por ejemplo, se le dice al inquilino que el contrato es de 1400 euros pero que los tres primeros años tendrá una bonificación de 400 euros, con lo que pagará 1000 euros, y a partir del cuarto empezará a pagar los 1400. Para que una bonificación o una carencia sea legal, debe adaptarse a un justo motivo, como unas obras llevadas a cabo por la parte inquilina. Pero aquí no hay causa, sino que están claramente diseñadas para aumentar el precio por encima del IPC.
  • Trasteros y plazas de parking ficticias. Algunos propietarios y agencias optan por subir el precio y para evitar hacer un nuevo contrato (como correspondería según la ley, al querer cambiar el precio), añaden un anexo al contrato que finaliza. En este anexo, se notifica un aumento del precio por una duración de 2 o 3 años, y se justifica argumentando que se han añadido costes adicionales (los casos más habituales son trastero o plaza de parking). Cuando el inquilino exige un nuevo contrato, de 5 o 7 años, se le responde que en ese caso deberá pagar una cifra aún mayor.
  • Contratos más cortos de lo que marca la ley. Este caso es menos habitual, pero algunos propietarios y agencias intentan hacer contratos de 3 años. Si el inquilino reclama que el contrato tiene que ser de 5 o 7 años, se responde que ha sido un error administrativo y no intencionado.
  • IPC mal calculado. En el caso de los nuevos contratos con falsas bonificaciones y carencias, a menudo se hace el cálculo de la variación de precio fijada al IPC en base al total (sin restar la parte bonificada, que sería lo correcto).

 

¿Y frente a este fraude de ley, cuál es la posición de Gobierno? Para nuestra sorpresa, fuentes del Ministerio de Fomento han afirmado que es legal que los fondos buitre y otros actores impongan estas subidas del alquiler encubiertas. Según declaraciones a diversos medios, el Ministerio de Fomento ha asegurado que las bonificaciones son “acuerdos privados” entre dos partes. ¿Alguien se cree que un inquilino y un fondo buitre están en igualdad de condiciones para negociar las bonificaciones durante el contrato?

El Sindicat de Llogateres e Inquilinos lamenta este posicionamiento público del Gobierno.  Causa verdadera incredulidad que el mismo ejecutivo que aprobó un Real Decreto con el objetivo de limitar las subidas interanuales al IPC ahora se pronuncie públicamente contra el espíritu de su propio texto legal. Es conocido que el Gobierno solo incluyó esta norma tras la movilización de la ciudadanía y después de que el Congreso tumbase su primer decreto (Enero 2019), pero esto no justifica en ningún caso que estén amparando un fraude de ley de manual y un nuevo abuso contra el derecho a la vivienda.

Si tu caso refleja alguno de los fraudes expuestos, no lo dudes: escríbenos, cuenta tu historia, y ayúdanos a difundir este mensaje. ¡Gracias!

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