La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a Juan y a Livia, afiliados del Sindicat de Llogateres, por los delitos de coacción de los que eran acusados por su antigua arrendadora. La Audiencia Provincial ha dictado hoy a favor de los miembros del Sindicato, revocando todos los supuestos delitos que se les imputaba.
La campaña impulsada por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia en defensa del derecho a la vivienda de Juan y la Lívia, tuvo un gran eco mediático y fue un puntal en la lucha para conseguir la aprobación de la regulación de alquileres en Cataluña.
El caso de Juan, Livia y sus hijos, vecinos del barrio de Gracia desde hacía más de 10 años, fue paradigmático dado que reflejaba el problema de las subidas abusivas de alquiler que expulsaron a miles de vecinos y vecinas de sus hogares y sus barrios a través de desahucios invisibles. Después de más de 10 años viviendo en Gracia, la arrendadora de Juan y la Lívia lesi,s comunicó que si querían una renovación de contrato, tendrían que pagar un 30% más del precio del alquiler, es decir, de 1.000 a 1.300€, una cantidad que la familia no podía asumir. Después de muchos intentos de negociación a través del Sindicat de Llogateres, la arrendadora optó por iniciar un procedimiento judicial por finalización de contrato, que se resolvió con un fatídico desahucio el 20 de diciembre del año 2019.
Sentencia absolutoria después de un largo recorrido judicial
Además del procedimiento judicial por finalización de contrato, la arrendadora también puso una querella donde los acusaba de un delito de coacciones. Esta querella fue motivada por una protesta que se realizó con el objetivo que la arrendadora accediera a negociar con el Sindicato y los inquilinos un contrato de alquiler con un precio justo. En concreto, la protesta consistió a repartir folletines informativos explicando qué era la situación, y al hacer una protesta para denunciar la negativa de la arrendadora a negociar las condiciones del contrato de alquiler y para exigir al Gobierno la regulación de los precios del alquiler. Además, hubo una tercera protesta el 18 de diciembre del 2018, en las oficinas de Fincas Caseuro, inmobiliaria que gestionaba las viviendas de la arrendadora.
Esta última acción ante las oficinas de Fincas Caseuro, fue el pilar para sostener la sentencia por coacciones emitida por el Juzgado Penal n.º 20 de Barcelona el pasado mes de octubre. Pero el abogado de Juan y Livia, junto con el Sindicat de Llogateres, interpuso un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, sosteniendo que los hechos ocurridos en las oficinas de Fincas Caseuro ya habían sido juzgados y absueltos por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Barcelona, y que la parte afectada por estos hechos era Fincas Caseuro, y no la arrendadora, Esther Argerich, que “ni siquiera se encontraba al lugar de los hechos”.
El derecho a protesta como herramienta para luchar por el derecho a la vivienda
En conclusión, la Audiencia Provincial ha revocado y absuelto la primera y única condena por procedimiento penal por el cual el Sindicat de Llogateres y sus afiliadas han sido sentenciadas por impulsar acciones de protesta y luchar en defensa del derecho a la vivienda. Desde el Sindicato, lamentamos que la criminalización y judicialització de nuestra lucha sea una herramienta utilizada frecuentemente por aquellos que vulneran el derecho a la vivienda de las personas que viven de alquiler, tal como pasó ya con la querella judicial interpuesta por Mas-Beya Fradera y resuelta en absolución el pasado mas de julio del 2021.
Nuestra organización defiende el diálogo y la negociación entre arrendadores y arrendatarios a través del Sindicat de Llogateres, como vía para llegar a soluciones justas y pactadas que no vulneren el derecho a la vivienda. Consideramos que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a especular con ella, por eso apelamos siempre al sentido común y la empatía, y rehuímos de la judicialización de los conflictos.
Luchamos cotidianamente para defender a nuestras afiliadas, pero también para mejorar las leyes y conseguir que éstas garanticen el derecho a una vivienda digna para toda la sociedad. Así pues, ante cualquier intento de criminalización de nuestra actividad, volvemos a manifestar nuestra determinación y el compromiso a seguir organizándonos y a seguir luchando por el derecho a la vivienda y a una vida digna.