La ciudadanía cogemos nuevamente las riendas por una auténtica Ley Vivienda

La Ley del Derecho a la Vivienda que se está preparando desde el Gobierno sigue siendo un flaco favor a la ciudadanía y nuevo trato de privilegio a los especuladores. Ante ello, las organizaciones sociales de la Iniciativa Ley Vivienda estamos elaborando la Ley del Derecho a la Vivienda que la gente realmente necesita.

Hoy 16 de junio, hacemos público que, antes de verano, pretendemos registrar en el Congreso de los Diputados una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda, con la intención de coger las riendas de nuestro futuro. Hay que garantizar, por fin, el derecho a la vivienda en nuestro país y poner coto a la especulación salvaje que tantas vidas ha destrozado.

Para el Gobierno, garantizar el Derecho a la Vivienda ha dejado de ser prioritario. Insensible a las lagunas de las medidas de protección que han permitido, incluso en pandemia, sigue habiendo desahucios. No podemos esperar más: por eso, este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la Iniciativa desde sus inicios.

El problema con la vivienda ya dura demasiado, desde el estallido de la estafa hipotecaria del 2008, sin una voluntad política clara para resolverlo. La pandemia está acentuando todavía más la emergencia habitacional, siendo cada vez mayor y con previsión aterradora en los próximos meses.

Solo hay que ver los últimos datos sobre los desahucios en el primer trimestre del 2021 para comprender la magnitud de la emergencia habitacional enquistada en España: 10.961 familias han sido expulsadas de sus casas entre enero y marzo de este año por no poder pagar su alquiler o hipoteca. Esta cifra crecerá exponencialmente cuando el 9 de agosto finalice la moratoria actual que está posponiendo muchos de los desahucios. Sin olvidar el aumento de las ejecuciones hipotecarias en el último año, empujando a las familias a cogerse a una moratoria, que solo es efectiva cuando ya han perdido su casa.

El resultado de décadas de políticas que niegan el Derecho a la vivienda, en lugar de garantizarlo, se traduce también en una juventud sin posibilidad de emanciparse, y una clase trabajadora a la que le resulta imposible acceder a un hogar para poder seguir construyendo proyectos de vida. El sinhogarismo se cronifica, con un número creciente de pensionistas y personas mayores expulsadas del mercado laboral, arrojadas a la calle o a habitáculos en condiciones indignas.

No se puede presumir de ser un Gobierno progresista a la vez que se cierra la puerta a las negociaciones y a hablar con las organizaciones civiles, que nos hemos vuelto expertas en el tema a base de sufrirlo. La falta de interlocución, no podemos más que interpretarla como una falta de intención absoluta a elaborar la ley que la gente necesita y no la que piden los bancos, los fondos buitre, las patronales o las inmobiliarias.

En este sentido, aún es más grave que, después de varios meses de retraso en la aprobación de la Ley Vivienda, y sin noticias de nuevos avances, el Gobierno de PSOE y Podemos amenace con impugnar la Ley 11/2020 de Regulación de precios en Catalunya, y arrebatarle a la sociedad catalana uno de los pocos marcos legales que protegen su derecho a la vivienda.

Porque no podemos esperar más a tener una legislación, que como mínimo contemple los siguientes apartados:

  1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo a un 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a las inquilinas e inquilinos del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar a la media europea de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Tras 42 años de supuesta democracia, con nuestros derechos más fundamentales cada vez más en peligro, es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas, blinde las legislaciones autonómicas y dé cumplimiento a la Constitución y a los dictámenes de las Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos.

¡Nuestras casas, nuestra ley!

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