La última semana de mayo tuvo lugar el evento SIMA Pro 2022 en Madrid, un evento muy esperado para las élites empresariales que se dedican al negocio inmobiliario. SIMA Pro no es un evento cualquiera: es el punto de encuentro de las élites económicas bajo la forma de patronal inmobiliaria.
Podríamos simplificar el evento como una conferencia empresarial inocente, donde se juntan los fondos de inversión, promotoras, consultoras, arquitectos, inversores, etc., para tejer alianzas y hacer contactos comerciales. Las empresas de innovación con muchas ideas, se encuentran con inversores que a falta de ideas tienen mucho dinero. La combinación empresarial arquetípica del capitalismo financiero.
Sin embargo, SIMA Pro no solo es una conferencia de business, sino que es una conferencia política orquestada por las empresas que forman la patronal inmobiliaria. En estos eventos se discute, se decide y se acuerda cuáles son las políticas públicas en materia de vivienda que debe implementar el Gobierno a favor de los intereses económicos del negocio inmobiliario.
No es casualidad que los portavoces más recurrentes dentro del lobby inmobiliario sean los más presentes en los medios de comunicación. Paco Campos, director de Anticipa (Blackstone), Joan Clos, presidente de ASVAL, las asociaciones de promotores inmobiliarios como Asprima. Tampoco es casualidad que entre los invitados al evento se encontraran miembros del actual Gobierno, como Nicolás Pascual, del Ministerio de Asuntos Exteriores y embajador de la OTAN.
Qué casualidad que el evento tenga lugar a pocas semanas de la discusión del borrador sobre la esperada Ley Vivienda. La patronal inmobiliaria tiene claro dónde apunta y qué está en juego: una Ley de Vivienda que puede recortar sus beneficios económicos millonarios y unos Fondos Europeos (Next Generation) que pueden engordar los bolsillos de los grandes propietarios. Blackstone y Santander ya se han adelantado inteligentemente a los Fondos: su nueva plataforma Effic ya se ha posicionado como la empresa referente para canalizar los fondos destinados a la rehabilitación energética del parque de viviendas español.
En las últimas semanas, la medida de limitar el IPC al 2% hasta septiembre de este año no ha sido bien recibida por la patronal inmobiliaria. Han iniciado una ofensiva directa contra el Gobierno de Pedro Sánchez por prorrogar una medida social que ha aliviado a miles de familias de la asfixia económica de la inflación provocada por la guerra de Putin. Los medios de comunicación de la derecha, pero también El País, han salido a denunciar esta medida con titulares que rozan el cinismo: “Los propietarios perderán 1.000 millones de euros con la limitación del IPC”. Esta afirmación pretende producir ignorancia activa en la opinión escondiendo dos realidades fundamentales. La primera, que la ofensiva mediática no está en manos de los arrendadores particulares, sino de los fondos buitres y de lobbies como el de Joan Clos, muy cercanos al Gobierno por su pasado en la política. La segunda, que a pesar de que el IPC está limitado hasta septiembre, los arrendadores pueden seguir aumentando los alquileres una vez acaba el contrato porque no están regulados.
Con una inflación galopante, después de atravesar una crisis social y sanitaria, en medio de una crisis europea por la guerra en Ucrania, y con un mercado de alquiler desregulado, la patronal inmobiliaria enciende la ofensiva por las expectativas crecientes de rentas que les genera estas circunstancias políticas. En este contexto, no solo tienen el descaro de exigir que “pierden” 1.000 millones por el límite del IPC, sino que además exigen una compensación por parte del Gobierno.
La ofensiva de la patronal inmobiliaria solo acaba de empezar. Si esta ha sido la reacción de las élites inmobiliarias ante la medida social contra la inflación, no nos podemos imaginar qué reacción puede haber para frenar la regulación de precios estatal que está en juego en la futura Ley de Vivienda. Los fondos buitres y Joan Clos están muy cerca del Gobierno. A la gente que vive de alquiler solo le queda estar muy cerca de espacios de apoyo como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, los sindicatos de vivienda y de las PAHs. Apoyar a estas organizaciones-y al conjunto del movimiento por la vivienda-será clave si queremos ver una Ley de Vivienda que no esté subordinada a los intereses de la patronal inmobiliaria. Y el Gobierno de Pedro Sánchez debe elegir si está con la gente o con las élites inmobiliarias.