El 15 de abril nos manifestaremos en Sitges por una Vivienda Pública
El Sindicat de Llogateres de Cataluña hemos ido al Parlament en motivo de la aprobación de la comisión de investigación sobre vivienda pública y fondos de inversión en Cataluña. Hemos hecho una rueda de prensa con las intervenciones de Enric Aragonès Jové, portavoz del Sindicato; y de Maya Guenova y Asunción García, inquilinas de viviendas de protección oficial propiedad de La Caixa.
Durante el último año nos hemos estado organizando con centenares de inquilinas de viviendas de protección oficial propiedad de la Obra Social La Caixa, quienes están sufriendo expulsiones injustificadas y prácticas de acoso en más de 30 municipios de Cataluña. La comisión de investigación aprobada tiene que responder qué ha pasado con la vivienda pública en este país y por qué La Caixa está especulando con las viviendas de las promociones construidas entre el año 2002 y el 2012 y financiadas con al menos 25 millones de euros públicos.
Las viviendas protegidas de la Obra Social se convierten en el objeto de especulación de La Caixa
La Maya y la Asuncion han intervenido a la rueda de prensa y han denunciado las numerosas prácticas especulativas que sufren y la inseguridad e inestabilidad que sienten dado que La Caixa está desahuciando decenas de inquilinas de HPO de todas partes Cataluña. «Que esta pesadilla esté pasando a centenares de locatarios más de 35 promociones de viviendas de protección oficial financiados con dinero público es una vergüenza y es responsabilidad de las políticas públicas que se han impulsado desde esta casa», ha denunciado la Maya.
El 1 de marzo, desde el Sindicat de Llogateres y la campaña Destapem La Caixa, presentamos el informe «Vivienda de Desprotección Oficial: el caso de La Caixa«, y denunciamos el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Cataluña. Por este motivo, creemos indispensable que esta comisión aclare y ponga remedio a las malas praxis que se han estado llevando a cabo en materia de políticas de vivienda pública desde el Parlament. «Queremos explicaciones y queremos ver a Isidre Fainé y a todos los responsables de este desastre dando explicaciones», ha reclamado Aragonés.
Un modelo de vivienda pública fallido
Actualmente en el área metropolitana de Barcelona hay 75.000 viviendas de protección oficial, pero en 2040 habremos perdido 54.000. «Cada vez que se anuncia vivienda pública se hace un paso adelante y dos atrás», ha denunciado Aragonés. «Es urgente analizar cuál ha sido la evolución de estas promociones, cuánta ha sido la financiación pública, cuántos beneficios han obtenido las promotoras privadas y porqué y cómo se han dado estos procesos de descalificación masiva que no solo dejan un parque de vivienda ridículo sino que además, desprotegen a las miles de inquilinas que viven en él».
Ante esta problemática, las inquilinas organizadas de La Caixa, junto con el Sindicat de Llogateres y otras entidades en defensa de la vivienda y los derechos sociales nos manifestaremos el próximo 15 de abril en Sitges bajo el lema «Por una vivienda pública».