El bono joven de alquiler, anunciado el pasado enero por el Gobierno central como medida para facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes entre 18 y 35 años, ya se puede pedir en Cataluña. La partida presupuestaria prevista por el Gobierno es de 200 millones de euros, 29 de los cuales llegan a Cataluña. Una cantidad exigua que no llegará a beneficiar ni a 10.000 catalanes y tendrá un impacto insignificante para las economías familiares. Por el contrario, suponen un gasto importante para el erario público que se traduce en una transferencia directa a los arrendadores, tal como apuntan informes y experiencias internacionales.
La otra cara de la moneda muestra cómo a través de políticas estructurales, como la regulación de precios, consiguió solo en Cataluña que el ahorro de las familias inquilinas fuera de 80 millones de euros anuales, una cantidad que asciende a los 405 millones de euros si se tiene en cuenta que los 160.000 contratos firmados durante la regulación y que bajaron los precios una media del 6,2%, tienen una duración mínima de cinco años. Dicho de otro modo: la regulación de alquileres sólo en Cataluña es más significativa que toda la política del bono joven en todo el Estado. Además, llega a los inquilinos y no se queda en manos de los arrendadores.
El bono joven: un parche con muchas deficiencias para hacer frente a alquileres descontrolados
Además, el bono joven solo está dirigido a un grupo muy concreto de edad, renta y precio de alquiler, a pesar de que el problema de los altos precios del alquiler los sufre toda la población inquilina. El problema de los precios del alquiler es que generan una sobrecarga económica muy fuerte a los hogares inquilinos, que están destinando una media del 40 y 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. Las políticas de vivienda no se pueden basar ni en una lotería ni en gestos simbólicos y cortinas de humo. Más bien, tienen que dar respuesta y velar por el derecho a la vivienda de toda la población, independientemente de la edad que tenga.
La Ley de Vivienda Estatal, la oportunidad para regular los alquileres
Durante estas semanas, se está negociando en el Congreso de los Diputados, el contenido y las enmiendas de la futura Ley de Vivienda Estatal, que previsiblemente pasará a pleno en julio. Es esta la oportunidad de implementar medidas estructurales que realmente apunten sobre el fondo del problema del alza de los precios del alquiler. La regulación de precios, es la herramienta clave para acabar con las subidas de alquileres e impulsar bajadas moderadas, tal como se demostró en Cataluña durante el año y medio en que esta estuvo vigente. La regulación de precios que incorpore la ley de vivienda, no puede ser una medida descafeinada, dado que esto implicaría su ineficacia e inaplicabilidad. Tiene que contar con un régimen sancionador que garantice el cumplimiento y debe incorporar topes y bajadas obligatorias para asegurar que se revierte la escalada de precios de los últimos años.