La incansable lucha de Rosa, Dani y Gladis contra uno de los fondos buitre más grandes del mundo, Blackstone, ha dado resultados: tras años de batalla -los últimos junto al Sindicat de Llogateres-, Rosa, Dani y sus dos hijas se quedan en la que es su casa desde hace 20 años con un alquiler de 500 euros y Gladis, con uno de 200. Pese a las negativas iniciales, la lucha colectiva ha conseguido que Blackstone ceda y ofrezca estos alquileres asequibles a siete años.
La historia de Rosa y Dani es como la de muchas otras familias: tras la crisis, comenzaron a tener dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca hasta que, en 2018, se produjo la dación en pago. Así, el piso cayó en manos de Blackstone, uno de los fondos buitre que llegaron a España a enriquecerse con el drama de tantas personas que habían perdido su vivienda en manos de los bancos.
En aquel momento, Rosa y Dani continuaron viviendo en su piso con un alquiler bonificado de tres años, hasta que, en 2021, en plena pandemia, llegó el fin de este contrato. Dada la situación sanitaria, pidieron una prórroga Covid de seis meses, que, una vez finalizada, Blackstone se negó a alargar.
Ante los intentos del fondo buitre de expulsar a la pareja y a sus dos hijas, una de ellas con una discapacidad visual del 73% y la otra menor de edad, la familia siguió la estrategia ‘Ens Quedem’ del Sindicat de Llogateres, que consiste en quedarse en la vivienda y continuar pagando el alquiler. Sin embargo, Blackstone dejó de cobrarles por el banco y tampoco recogía los pagos que la familia efectuaba por Correo.
Ante esta situación, Rosa y Dani, con la ayuda del Sindicat de Llogateres, pidieron al fondo que se sentara a negociar. En un primer momento, Blackstone les ofreció un alquiler social de tres años a través del Ayuntamiento y de Habitatge de El Prat, donde se encuentra la vivienda. “Menos mal que ese contrato no se llegó a firmar. Habría sido un error”, cuenta Rosa. Y es que, en el transcurso de las negociaciones, el Parlament aprobó una nueva ley antidesahucios que ampliaba los supuestos en los que la ley 24/2015 obligaba a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social.
De todos modos, Blackstone siguió intentando expulsar a esta familia de su hogar y les ofreció una reubicación a una vivienda que no se adaptaba a las necesidades de su hija con discapacidad visual, ya que tenía numerosas barreras arquitectónicas. Pese a la presión, Rosa y Dani se negaron a aceptar esta oferta e insistieron en quedarse en el que ha sido su hogar durante dos décadas.
Finalmente, tras años de “constancia y lucha colectiva”, Rosa y Dani, con el apoyo del Sindicat de Llogateres, han conseguido quedarse en su casa: el 12 de diciembre firmaron un contrato de alquiler a siete años en su hogar “y con un precio que podemos asumir”, cuentan.
Aun así, Blackstone intentó colar algunas cláusulas abusivas en el contrato, que, con la ayuda del Sindicat, consiguieron detectar y eliminar. Pero no sólo eso: también han conseguido la condonación de la deuda de 15.000 euros que les dejaron “como mochila” tras la dación en pago y la condonación de las rentas que Blackstone se negaba a cobrarles desde agosto de 2021 -unos 8.000 euros-.
“Queríamos agradecer al Sindicat y a todas las personas que, incondicionalmente, han estado a nuestro lado y han peleado con nosotros por su gran trabajo, esfuerzo y dedicación. Con la lucha constante y colectiva se consigue todo”, señalan Rosa y Dani, y añaden que “hemos ganado una de tantas batallas, pero seguiremos dando guerra para echar a estos buitres carroñeros de nuestras vidas y de nuestros barrios. Força Sindicat!”.
Alquiler social de 200€ para Gladys y su hija
Por su parte, Gladis accedió en precario a una vivienda vacía propiedad de Blackstone, una de las muchas que bancos y fondos buitre mantienen vacías en Catalunya (en total, casi 35.000), e intentó negociar un alquiler asequible.
Tras mucho tiempo con las negociaciones paralizadas, en noviembre de 2021, Gladis, acompañada del Sindicat de Llogateres, se reunió con Blackstone, un encuentro en el que el fondo buitre dejó claro que no aceptaban regularizar ninguna situación de ocupación porque la ley no les obligaba.
Sin embargo, durante este tiempo ha habido diferentes cambios normativos, como la ley antidesahucios impulsada por entidades por el derecho a la vivienda que el Parlament de Catalunya aprobó a principios de 2022. Esta norma amplía los supuestos en los que los grandes tenedores están obligados a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables, por lo que también debían ofrecerlo a las personas vulnerables que ocupaban una vivienda de un banco o de un fondo de inversión desde antes del 1 de junio de 2021.
Tras estos cambios, la posición de Blackstone en la negociación cambió: pasó de no querer hablar con las personas que vivían en alguno de sus pisos sin contrato de alquiler a ofrecerle a Gladis un contrato de siete años por 200 euros, además de pagarle la fianza.
En definitiva, la lucha colectiva ha conseguido que Blackstone firme dos contratos de alquiler a siete años, con precios muy reducidos y en el mismo piso en el que ya vivían, por una parte, Rosa y Dani y, por otra, Gladis. Ahora, la presión hacia el fondo buitre continúa para que otras personas en la misma situación consigan quedarse en casa a un precio asequible, como José Antonio y Ala, a quienes Blackstone ha denunciado para echarlos de casa, pero quienes batallarán junto al Sindicat de Llogateres para conseguir un alquiler reducido en la misma vivienda.