Soy Ana Gómez. Tengo 30 años y dos niñas. Soy auxiliar de enfermería, pero no trabajo desde que tuve a las niñas. En 2013, mi pareja, que entonces tenía 29, y yo vivíamos de alquiler en Sabadell, y nos enteramos de una promoción de viviendas de protección oficial en Can Filuà, Santa Perpetua de la Mogoda. Mudarnos allí nos pareció muy buena porque el edificio era nuevo, el precio, alrededor de los 400 €, era asequible y era un lugar ideal para criar en nuestras hijas, que estaban para llegar.
Los contratos que firmamos los vecinos el 2013 tenían una duración de cinco años y preveían una renovación por cinco más. Yo, que soy precavida, escribí a los administradores, la empresa Medasil Desarrollos, seis meses antes de que finalizara el contrato, para preguntar por los trámites de renovación. «Los contratos no se renovarán» me dijeron, «se harán unos nuevos con un incremento del alquiler de entre el 75 y el 100 %». No me lo podía creer. Un piso de 53 m2, pasaba de 370 a 640 €. Impactada por la información, alerté los vecinos, y nos organizamos para denunciar este abuso. Es lamentable que unos pisos que se hicieron un terreno público ahora tengan un precio de mercado y no de promoción social.
Un mes después, Medasil convocó una reunión para explicarnos la decisión de aumentar los alquileres. Su argumento era que la ley contempla aumentos como el propuesto. Fuera o no fuera legal, este aumento era indecente y suponía la expulsión de facto de muchas de las familias que vivían en los bloques. Había que organizarse y nos pusimos en contacto con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Los vecinos reunimos firmas y a través del Sindicato se las enviamos a Medasil. Respondieron proponiendo una segunda reunión. Pasadas unas semanas, los vecinos, ya organizados y con Àngel Ponce como portavoz, decidimos hablar con el Ayuntamiento. Nos atendió el concejal de Vivienda, que nos dio el apoyo del Consistorio y convocó a Medasil a una reunión en la que la empresa mantuvo la misma posición: su propuesta de aumento es legal porque está por debajo de los límites que fija la Generalitat para las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.
En octubre, después de una nueva reunión con los administradores, cuando esperábamos una rebaja, la propiedad nos ofreció una bonificación de unos 25 euros al mes y la congelación del porcentaje del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) y los gastos de la comunidad. Esta oferta, que más bien era una tomadura de pelo, nos empujó a continuar nuestra lucha organizando una rueda de prensa.
Gracias al regidor de vivienda del Ayuntamiento conseguimos la atención de los medios locales, que vinieron a la colgada de pancartas en los balcones del bloque. La alcaldesa nos dio su apoyo y se ofreció a encontrarse con Medasil, pero la empresa le dio la espalda. Ella se comprometió a que todos los grupos municipales firmarían un documento de apoyo a finales de octubre.
Después de la rueda de prensa y la colgada de pancartas, los medios nos empezaron a hacer caso y Medasil se puso en contacto con nosotros para pedirnos que hiciéramos una contrapropuesta. No tenemos ninguna intención de hacerlo, ni de negociar hasta que tengamos la garantía que no se iniciarán acciones legales contra ningún inquilinomientras duren las negociaciones, aunque estas se prolonguen hasta el 2019.
La situación es dramática para nosotros y para las 28 familias que entramos en 2013, muchas con hijos pequeños, que viven en nuestro edificio porque en Santa Perpetua la oferta de pisos de alquiler es ridícula. En los portales de búsqueda de vivienda apenas encuentras cuatro o cinco, y los precios están desorbitados.
Por eso hemos decidido que #NosQuedamos a Can Filuà!