La empresa propietaria les ha tenido que devolver 1600€ de honorarios y pagar una multa por el incumplimiento
Un hogar de inquilinas afiliado al Sindicat de Llogateres se ha plantado ante su arrendador al darse cuenta de que el precio que les estaba cobrando era superior al del anterior contrato. Las inquilinas comprobaron a través del Incasòl que el contrato anterior era de 950€, mientras que el nuevo contrato marcaba una renta de 1200€. Ante esto, interpusieron una denuncia a través del Ayuntamiento de Barcelona y han logrado que la empresa propietaria reciba una sanción. Ahora exigen una bajada de 250€ para que el contrato se ajuste a la regulación.
Cobro ilegal de 1600€ de honorarios y 250€ más de renta mensual
Al revisar el contrato, las inquilinas investigaron si todos los datos eran correctos y se dieron cuenta el arrendador había incluido dos datos incorrectos de forma premeditada para cobrarles más.
En primer lugar, la arrendadora había puesto el contrato a su nombre, cuando realmente la propietaria era una persona jurídica. Las inquilinas tuvieron que negociar el retorno de los 1600€ de honorarios, puesto que según el Real Decreto 7/2019 aprobado en febrero de 2019 por el Gobierno, los honorarios deben pagarlos los arrendadores cuando la propiedad corresponde a una persona jurídica (es decir, una empresa).
En segundo lugar, las inquilinas se dieron cuenta de que en el contrato no había ninguna referencia al precio del contrato anterior, incumpliendo la Ley 11/2020, de regulación de alquileres. Entonces formularon una instancia al Incasòl para saber cuál era el precio del anterior contrato y averiguaron que la anterior arrendataria pagaba 950€ en vez de los 1200€ que pagaban actualmente.
Con esta información, las inquilinas interpusieron una denuncia a través del Ayuntamiento de Barcelona, que hace unas semanas resolvió el procedimiento y impuso su primera sanción por contrato ilegal en el marco de la Ley 11/2020.
Retorno de cantidades y auto-reducción del alquiler
Las inquilinas han exigido a la arrendadora que les baje el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento. Sin embargo, la propiedad se niega a bajar el alquiler y devolver las cantidades ya cobradas a los nuevos inquilinos.
Ante esta situación, el hogar inquilino ha decidido tomar medidas legales para exigir las cantidades cobradas con intereses: una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les ha cobrado de más durante los últimos meses. Además, desde agosto han reducido la renta a pagar hasta los 950€ que establece la regulación.
Primera multa por cobrar un alquiler más alto de lo permitido en un año
Es preocupante que el Ayuntamiento de Barcelona haya tardado más de un año en poner la primera multa por incumplir la regulación de precios, pero todavía lo es más que la Generalitat, que es quien aprobó la norma, no haya puesto ni una sola. Las sanciones por incumplir la regulación de alquileres en Catalunya han sido pocas y ésta es la primera puesta en un arrendador para firmar un contrato con un precio superior al establecido en la regulación. Durante los últimos meses, tanto la Agencia Catalana de la Vivienda como el Ayuntamiento de Barcelona han iniciado expedientes sancionadores a arrendadores y portales inmobiliarios que no informaban en sus anuncios el precio del índice y las características de la vivienda a alquilar pero la cifra es del todo insuficiente y crea una mala sensación de impunidad.
Esta primera denuncia por no respetar el precio de alquiler ha sido interpuesta por el consistorio barcelonés, que tiene competencia sancionadora, al igual que el resto de ayuntamientos de municipios con precios regulados. La Agencia Catalana de la Vivienda y la Agencia de Consumo son los otros dos organismos que también tienen competencia sancionadora y que también han iniciado expedientes por no cumplir con la regulación. La falta de recursos y voluntad política a la hora de perseguir las infracciones en la regulación de alquileres deja la aplicabilidad de la ley en manos de los arrendadores y las inmobiliarias. Urge que los organismos competentes se pongan las pilas para garantizar que la regulación de alquileres sea efectiva, protegiendo así los derechos de las inquilinos.